TÍA MARÍA

Aquella mañana Ramón Colque se levantó temprano para freír cuarenta papas rellenas. Llevaba dos meses sin poder trabajar en el campo. La protesta contra uno de los proyectos de cobre más importantes del Perú, Tía María, había paralizado toda actividad agrícola en la provincia de Islay, en la región sureña de Arequipa. Las movilizaciones surgieron luego de que el gobierno de Ollanta Humala decidiera aprobar el documento más controvertido de este proyecto millonario: el Estudio de Impacto Ambiental. Esta aprobación abría paso a la extracción de unas 120,000 toneladas de cobre anuales a sólo 2,5 kilómetros del río Tambo. Es un volumen equivalente a dos veces el peso del Titanic. La minera mexicana Southern Copper Corporation planea invertir en Tía María 1,400 millones de dólares. Es la compañía con mayores reservas de cobre del mundo.

Mientras crecía el rechazo de los agricultores, Ramón Colque se las arreglaba vendiendo bocadillos entre los manifestantes. Se sentaba todos los días en la plaza San Francisco, en el distrito de Cocachacra, con dos canastas repletas de papas rellenas. El 22 de mayo de 2015 las papas volaron al mediodía. Ramón se puso de pie, contó sus monedas y se las dio a su esposa Elena, que había ido a ayudarlo. Luego le dijo: “Voy a apoyar”. A su alrededor había cientos de agricultores del valle de Tambo que se alistaban para salir en masa hacia el puente Pampa Blanca. Colque también era agricultor: sembraba papa, ajo y zapallo, y estaba convencido de que la mina arruinaría sus cultivos.

Elena volvió a su casa, en el centro poblado El Arenal. Cogió una bandera verde que decía “Agro sí, mina no” y fue al puente en donde los manifestantes, algunos de ellos con huaracas, se enfrentaban con la policía. “Empezaron a caer balas y bombas lacrimógenas, la gente se asustó y empezó a correr”, recuerda Elena. Su esposo corría a todo pulmón, pero súbitamente cayó. “Vi que trataba de levantarse, pero no podía. Los policías pasaron por encima de él”, cuenta la mujer con los ojos húmedos. Cuando el caos acabó y por fin pudo ir a la posta a ver a su esposo, Ramón estaba muerto. Tenía un agujero de bala en el pecho, a la altura del pulmón izquierdo.

Esa misma noche el gobierno de Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en la provincia de Islay por 60 días. Colque era la cuarta persona muerta desde que empezaron las protestas el 23 de marzo de 2015. “(Los policías) querían llevarse el cuerpo de mi marido, querían desaparecerlo, para decir que no murió por una bala”, reclama Elena. La necropsia reveló que Ramón murió por un proyectil de plomo revestido de cobre. El Ministerio del Interior adujo que los policías no usaron esas balas en Islay, pero la sombra de sospecha quedó.

“Todos los días pienso en él”, dice Elena con la mirada perdida. Estamos en la sala de su casa en El Arenal, a diez minutos del centro de Cocachacra. En una de las columnas descansa la bandera verde con la que protestaba Ramón. Elena acaba de volver del trabajo: limpia los baños públicos en una playa del distrito de Deán Valdivia. “Nosotros nos hemos equivocado al votar”, dice súbitamente. En las elecciones de 2011 ella y su esposo apoyaron a Humala. El 30 de marzo de 2010 el entonces candidato nacionalista llegó a Cocachacra y dijo sobre el proyecto minero Tía María: “Desde acá se decidirán cuáles serán los proyectos de desarrollo de Islay, el gobierno central verá que las poblaciones son las que deciden su futuro”. Aquel día Ramón Colque quedó impresionado.

Cinco años más tarde, el gobierno de Humala aprobaría el Estudio de Impacto Ambiental de Tía María en medio de un clima de desconfianza, de graves cuestionamientos sobre el manejo del agua y de conflictos de interés en los pasillos del Ministerio de Energía y Minas, como revela Convoca.pe en este reportaje. La luz verde al proyecto causó en los últimos cinco años siete muertos y unos 230 heridos.

Por estos días en Cocachacra se respira un miedo asolapado. El Ejército ya se ha ido, el estado de emergencia ha acabado, las elecciones presidenciales del 10 de abril se avecinan, pero el temor persiste. A cualquier extraño, por más documentos que presente, lo tratan como a un trabajador encubierto de Southern Copper Corporation. La gente habla despacito y mirando arriba. En algunos postes del distrito han aparecido discretas cámaras de vigilancia. Están en zonas estratégicas: la entrada del pueblo, la comisaría, el hostal más conocido (el “Libertad”), el local de la junta de usuarios de riego, el mercado. ¿Quién las ha puesto?, preguntamos al alcalde de Cocachacra, Helar Valencia. “La verdad, hasta ahorita no sé”, responde. Los pobladores creen que la minera lo ve todo desde el cielo, como el Gran Hermano del valle del Tambo.

Cámara de vigilancia en el techo del hostal “Libertad”, uno de los principales de Cocachacra. El alcalde no sabe quién la ha puesto. La población se siente observada. Foto: Convoca.pe/ Gabriel Ramos.

Mientras las cámaras de vigilancia registran los movimientos de la población que se opone a Tía María, Southern avanza con sus gestiones en el Ministerio de Energía y Minas. Convoca.pe pudo conocer que la empresa tramita un permiso de construcción para levantar la planta de beneficio, es decir las instalaciones donde procesará el cobre extraído de los dos tajos planeados: La Tapada y Tía María. El expediente se encuentra en la Dirección General de Minería en total reserva hasta que esta instancia publique su decisión.

El método que usarán para tratar el mineral será la lixiviación, es decir la exposición del cobre a una solución de agua y ácido sulfúrico. Esto ha despertado el temor de los pobladores. “No estamos de acuerdo con Tía María. La parte de allá es (el cerro) La Tapada, en las faldas está el río Tambo. Cuando hagan el tajo van a contaminar nuestro río”, dice Angélica Ñaupa Machaca, de cuarenta años de edad, con los pies hundidos en sus cultivos de arroz. Angélica explica que el agua del río sirve para el riego y también para el consumo humano luego de ir a un “reservorio” para ser tratada. “El proyecto Tía María está muy cerca. Si estaría lejos, quizás podría ser”, agrega.

La zona en la que se planea abrir el tajo La Tapada está a 2,5 kilómetros del río Tambo. Al frente están los terrenos agrícolas. El río es el puente entre el cerro donde está el mineral y los campos de cultivo. Aquí unas 24 mil personas viven de la agricultura. Muchos son inmigrantes de las zonas más deprimidas de Puno y Cusco que han contribuido a que la agricultura y la pesca en El Tambo muevan alrededor de 272 millones de soles anuales, según un informe de la ONG Cooperacción. Aunque todavía están lejos del nivel de productividad de los valles exportadores de Ica (que bordean los 430 millones), el arroz, la papa y el ajo de esta zona son bien cotizados en el sur del país, Bolivia y Argentina. Por eso en Cocachacra la mayoría está en contra de la mina y el que la apoya públicamente es mal visto y hasta considerado un traidor.

La junta de usuarios de riego del valle, la organización civil más poderosa en Islay, tiene serios cuestionamientos sobre el manejo del agua y el potencial impacto a la agricultura del proyecto minero. Estas observaciones fueron incluidas en un documento que fue presentado al ministerio pero que no impidió que se aprobara el nuevo Estudio de Impacto Ambiental de Tía María en marzo de 2015 como pudo comprobar Convoca.pe luego de acceder a los 35 tomos del expediente. presentó el estudio asegurando que había logrado subsanar las 138 observaciones planteadas por la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), que revisó el documento por encargo del Minem en 2011 y que fue determinante para que el ministerio declarara inadmisible aquella versión del EIA. Pero la tregua duró solo un poco más de dos años.

En noviembre del 2013 Southern presentó su segundo EIA, y la junta de usuarios encargó su revisión al ingeniero metalurgista Hugo Rivera Zeballos, respetado excatedrático de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA). En enero del 2014 Rivera planteó 328 observaciones al estudio y las envió al Ministerio de Energía y Minas. La empresa respondió con un documento “lleno de comentarios que no respondían las inquietudes técnicas que mencioné”, señala Rivera. El ministerio le dio al ingeniero un plazo de 30 días para dar su conformidad con la respuesta de Southern. El plazo vencía el 11 de julio de ese año. Pocos días antes de esa fecha una comitiva de Cocachacra viajó a Lima para presentar el documento de conformidad, que en realidad era de disconformidad. “Por un error de nuestro abogado no llegamos a presentar a tiempo el escrito, así que el proceso continuó y se aprobó el EIA”, cuenta Juan Guillén López, uno de los miembros de la comitiva y uno de los pobladores más respetados del valle. Fue alcalde de Cocachacra entre 1987 y 1995, y entre 2007 y 2010. El Estudio de Impacto Ambiental de Tía María fue aprobado en solo nueve meses, un año menos que el anterior estudio.

El ingeniero Rivera tiene serias dudas sobre Tía María y, sentado en la casa que tiene en Yarinacocha (Arequipa), nos habla primero del agua. “Las explosiones diarias que harán en el tajo La Tapada no sólo afectarán la zona deseada, sino también los alrededores. Los primeros días la onda expansiva afectará medio metro más de lo deseado, luego diez metros más, después diez metros más, y así sucesivamente. Se formarán fisuras en el suelo por las que se filtrará el agua subterránea. En cierto momento el tajo será tan profundo que estará al nivel del río Tambo –esto ocurrirá en menos de un año de iniciadas las operaciones– y el agua del río se meterá al tajo. La empresa tendrá que poner un sistema de bombeo para sacar el agua del tajo. Nada de esto se menciona en el EIA”, explica. Rivera podría hablar bien de Southern, ya que él y otros ingenieros estudiaron gratis una maestría de metalurgia en la UNSA como parte de un convenio entre la minera y su universidad. Pero el ingeniero, autor de diversos artículos académicos sobre el procesamiento del cobre, prefiere ser fiel a lo que conoce.

“Debajo de los dos tajos planeados (La Tapada y Tía María) hay agua subterránea. Con las explosiones será lo primero en desaparecer. Esa agua se escurrirá y se convertirá en agua superficial aumentando aparentemente el caudal del río. Pero como el agua del Tambo entrará al tajo por las fisuras, el caudal bajará poco a poco. Por eso la población protesta”, añade.

En efecto, según la resolución directoral 392-2014-MEM/DGAAM, que aprueba el EIA de Tía María, Southern encargó a la consultora Vector-Ausenco hacer un estudio hidrogeológico de la zona donde estarían los tajos. Y el examen arrojó que en el área donde estaría La Tapada hay aguas subterráneas entre los 39 y los 197 metros bajo tierra. En el caso del tajo Tía María, las reservas subterráneas están entre los 91 y los 251 metros de profundidad.

La compañía aseguró ante la autoridad que no hay conexión entre estos bolsones de agua y el río Tambo. Sin embargo, en la página 28 de la resolución, como parte de una observación a ser absuelta, el ministerio señaló que “físicamente no se ha demostrado dicha aseveración”. Southern replicó que “hay rocas intrusivas entre la zona de los pozos propuestos [los tajos] y el río Tambo”, y que las pruebas que hicieron sugieren que la velocidad del agua subtarránea es muy baja, por lo tanto, “no hay conexión con el acuífero”. La argumentación de respuesta, así de escueta, convenció al ministerio, que pasó a otro punto de la resolución.

Southern ha repetido hasta el cansancio que construirá una planta desalinizadora de agua del mar para obtener los 235 litros por segundo que necesita para sus operaciones. Y es cierto. Lo que no ha publicitado la empresa es que, según su propio EIA, tomarán aguas del río Tambo para la construcción de sus instalaciones como aparece en la página 10 de la resolución de aprobación. Durante la etapa de construcción la empresa necesitará 4,720 metros cúbicos de agua al día.

Otros problemas del EIA de Tía María, según el ingeniero Hugo Rivera, tienen que ver con la eventual generación de lluvia ácida y la posible formación de nubes contaminantes. Sobre lo primero señala: “La mina ha anunciado que va a usar cinco millones de kilos de explosivos al día. Esos explosivos tienen nitrógeno. El nitrógeno, con el oxígeno del ambiente, forma óxido nitroso. El óxido nitroso deviene en óxido nítrico. El óxido nítrico, en contextos de humedad, forma ácido nítrico. Y el ácido nítrico puede caer en forma de lluvia ácida. Esa lluvia caería sobre el valle”. En cuanto a las nubes, el profesor jubilado de la UNSA explica: “Cuando un tajo se va profundizando, al interior se forma una especie de ciclón. Las particulas gruesas caen y las partículas finas suben en forma de espiral formando una capa de smoke. Así, el tajo tiene un sombrero permanente. Esto altera toda la dinámica fluvial y la orientación y frecuencia de las lluvias, y es lo que pasaría en el valle del Tambo”.

Según el EIA, las partículas contaminantes se desplazarán en sentido contrario al valle debido a la orientación natural de los vientos. En base a los reportes de dos estaciones meteorológicas, Southern concluyó que en la zona los vientos vienen del suroeste. Pero esta afirmación aún no ha sido debidamente probada. En la página 43 de la resolución de aprobación el ministerio le pide a la empresa “demostrar que la tendencia (dirección predominante) es uniforme durante todo el año en las estaciones estudiadas, presentando para ello rosas de viento mensualizadas [la rosa de viento es un instrumento que sirve para medir la orientación del aire]”. Y la empresa, en vez de presentar los reportes mensuales, se limitó a decir que “se realizó un análisis comparativo de rosas de viento anuales entre las estaciones Cocachacra y Pampa Blanca”. El ministerio se conformó con la respuesta y consideró la observación como “absuelta”.

En el yacimiento de La Tapada hay 425’338,000 toneladas de cobre oxidado, y en Tía María, 225’377,000 toneladas. Southern Copper Corporation prevé procesar nada menos que 100,000 toneladas de mineral al día para llegar a producir cada año 120,000 toneladas de cátodos de cobre. Con todo, esto representaría una cuarta parte de lo que produce Antamina, la mayor productora de cobre del Perú: 450,000 toneladas anuales.

El ingeniero Hugo Rivera considera que lo razonable en Tía María sería procesar máximo 50,000 toneladas al día, para no forzar las necesidades de agua y producir demasiadas partículas contaminantes. El Ministerio de Energía y Minas podría negociar con la empresa en ese sentido. Aunque Southern ha dado muestras de su poder de influencia en el ministerio.

Desde que el 5 de noviembre de 2013, Southern presentó el EIA, elaborado por la consultora Geoservice Ingeniería S.A.C., los representantes de la empresa se reunieron más de treinta veces hasta mayo de 2015 con los funcionarios del Minem en momentos claves del proceso de aprobación del estudio como informamos en el reportaje ‘La Bomba que hizo explotar Tía María’.

Uno de los encuentros más importantes fue el del 3 de febrero de 2014. Ese día, el presidente de Southern, Óscar González Rocha, acudió al despacho del entonces ministro Jorge Merino acompañado de Hans Flury, secretario general de Southern y ex ministro del sector. A la semana siguiente, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Minem envió a la empresa las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental.

El 10 de agosto del año pasado, en plena tregua del proyecto minero, Flury visitó a la ministra, Rosa María Ortiz, con quien sostuvo una reunión de casi una hora, según el registro de visitas.

Otro empleado de Southern con contactos en el ministerio es el ingeniero químico Gustavo Castelo Mamanchura. Fue evaluador de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) en abril de 2011 y también en el primer trimestre de 2013. Esta oficina es la encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental. Desde 2014 Castelo ha visitado seis veces el ministerio como enviado de Southern. La última fue el 21 de enero de 2016 cuando se reunió con Elías Acevedo Fernández, de la DGAAM. Sí, la misma oficina en la que él trabajó.

Pero no es lo único controversial. Geoservice Ingeniería, la consultora que elaboró el segundo EIA de Tía María, se mantuvo en el registro del Minem de consultoras aptas para elaborar este tipo de estudios para las empresas a pesar que en 2011, mediante el informe Nº 1002-2011, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros recomendó evaluar el inicio de un proceso sancionador contra Geoservice.

Como reveló Convoca.pe, a Geoservie se le acusó de presuntamente faltar “a la verdad” durante la elaboración del EIA del depósito de relaves de la mina Cobriza de Doe Run, en Huancavelica. Los técnicos de la Dirección General de Minería comprobaron que la controversial minera inició obras de construcción de dos depósitos de desechos mineros sin autorización, lo cual dejó entrever que la consultora fue cómplice al presentar en el EIA fotografías del lugar que no correspondían a la realidad.

“Es presumible que el EIA fue elaborado por la empresa consultora Geoservice Ingeniería SAC a sabiendas que el proyecto minero se encontraba en ejecución. En la información presentada se habría faltado a la verdad, lo cual constituye un supuesto de infracción sancionable”, señala el informe.

De acuerdo con la resolución mineral 580-98-EM, que regula la inscripción de las consultoras ambientales en el Minem, una de las causas para “la cancelación definitiva” del registro es “la presentación de información falsa en los EIA”. Pero esto no sucedió con Geoservice, que tiempo después se hizo cargo del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María.

En los últimos meses la empresa ha echado mano de diversas estrategias para congraciarse con los pobladores. Lo llaman el “Plan Reencuentro”. Han regalado bolsas de cemento a 400 familias, ha repartido 2,800 sacos de úrea fertilizante y 600 de guano de isla para los cultivos, ha brindado 6,900 atenciones veterinarias al ganado. También han montado tres oficinas informativas: una en Cocachacra, otra en Deán Valdivia y una tercera en Punta de Bombón. Son los distritos donde está ubicado el proyecto minero.

Según Southern, durante la etapa de construcción de la planta de beneficio, que duraría 27 meses, emplearía entre 2,500 y 3,500 trabajadores en total. Y durante las operaciones, que durarían 18 años, tendría unos 650 trabajadores fijos. Pero la población opositora considera que eso es “un engaño”.

¿Cómo nació la desconfianza en Islay? El exalcalde de Cocachacra, Juan Guillén, sitúa el origen del conflicto en el año 2009. Southern llevaba años haciendo exploraciones en los cerros que rodean el valle del Tambo. Cada vez que el alcalde o algún dirigente de la junta de riego conversaban con representantes de Southern, estos les repetían que de ningún modo usarían agua del río Tambo ni del subsuelo para sus operaciones. En cambio, hablaban de construir una represa en la frontera con Moquegua, de la cual traerían agua hacia su planta procesadora a través de un ducto kilométrico. Pero un día corrió la noticia de que la empresa estaba haciendo perforaciones en la zona de La Ensenada, cerca al mar, para medir la cantidad de agua subterránea que había y ver si la podían usar en su proceso. Los dirigentes corrieron al lugar y confirmaron el rumor. Se sintieron traicionados y organizaron la primera protesta contra Tía María.

La rabia se agudizó el 27 de agosto de 2009 cuando la empresa llevó a cabo su primera audiencia pública. Fue en el estadio municipal de Cocachacra y asistieron más de 3 mil pobladores y autoridades de la zona y del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo al relato de Guillén. Cuando las exposiciones concluyeron, él, que era alcalde de Cocachacra y no había sido invitado a la mesa principal, pidió la palabra. “Pero no me pasaban el micrófono –recuerda–. Me subí a un cilindro para llamar la atención y nada. Entonces la gente, al ver que no me hacían caso, empezó a romper las tribunas. La policía respondió con bombas lacrimógenas”.

Un mes después, el 27 de setiembre, los municipios de la provincia de Islay convocaron a una consulta popular para saber si la gente estaba de acuerdo con la mina. Asistieron cerca de 13 mil personas, el 34% de la población electoral de Islay. El 94% de los votantes dijo no a la mina. La empresa ya había presentado su primer Estudio de Impacto Ambiental al MINEM que luego fue revisado por la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS), con las consecuencias que ya se conocen.

EXPERTO EXPLICA PUNTOS CONTROVERSIALES DEL EIA

“No estamos de acuerdo con Tía María. Nosotros nos alimentamos de la chacra. Siempre tenemos en nuestra cocina un saco de arroz, un saco de papa”, dice una agricultora que reserva su identidad por temor a las represalias. A unos metros, Jaime Huiza, que es dueño de ocho topos de arroz, pide la palabra para contar una anécdota: “La otra vez mis amigos me pidieron que apoye en una marcha a favor de la mina, me iban a dar 60 soles. Yo pensé: ¿por 60 soles voy a hacer que me miren mal? Y no acepté”.

A la agricultora Maritza Ticona Hinojosa (35) la encontramos oyendo una radio portátil. Buscaba en el dial la convocatoria a una nueva manifestación contra Southern. En Cocachacra la radio tiene un poder insospechado. Lo que dicen los conductores locales puede llegar a ser decisivo. Pepe Julio Gutiérrez, uno de los primeros promotores de las marchas, convocaba a la gente desde una emisora local: Radio Líder. Luego negociaría con un representante de Southern detener las manifestaciones a cambio de lo que él llamó unas “lentejas”. Maritza señala que en todos lados hay malos dirigentes, pero que eso no tiene que ver con el acierto de un reclamo.

Por estos días de campaña y proselitismo político Southern prefiere no responder las acusaciones de los agricultores. “Hemos tomado la decisión de no realizar declaraciones a la prensa durante el proceso electoral para evitar cualquier riesgo de politización”, dijo Guillermo Vidalón, jefe de relaciones públicas de la compañía, en respuesta a una solicitud de entrevista de Convoca.pe Mientras tanto el trámite para echar andar Tía María avanza discretamente en los pasillos del ministerio.

Las voces del conflicto: agricultores cuentan por qué prefieren el campo en lugar de un proyecto minero en el valle de Tambo y cuáles son sus temores..